Diario libertario de lugo e galaxia

Un batiburrillo para hostigar a los movimientos

04/02/2013
13:31

 

El 7 de enero fue detenido en Ames Hadrián Mosqueira ‘Senlheiro’, activista independentista al que, supuestamente, la policía encontró manipulando material explosivo. Desde la defensa del activista se niega tal acusación y se alega que ‘Senlheiro’ paseaba por la zona en la que se encontraron los explosivos y se han solicitado pruebas de huellas y ADN para desmontar la acusación, que es considerada, desde el entorno de Mosqueira, un montaje policial de criminalización del activismo soberanista.

Según Jose Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, hay una relación entre el proceso de persecución al independentismo galego y el fin de ETA. Europol, en su informe de 2011 sobre terrorismo en el Reino de España, señalaba Galicia como punto de reacomodo de los cuerpos de seguridad destinados a la lucha antiterrorista, por la existencia desde noviembre de 2005 del manifiesto de Resistencia Galega.

La indefinición de Resistencia Galega como banda armada lleva aparejado un proceso decriminalización del entorno independentista que se ha puesto en evidencia con el goteo de detenciones que se vienen produciendo en Galiza en los últimos años, y que ha incrementado su frecuencia desde 2009. A día de hoy no existe ningún auto ni resolución judicial que dictamine que Resistencia Galega sea una organización de carácter terrorista. Tampoco las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido capaces de presentar a las instancias judiciales indicios suficientes que establezcan la actividad de la organización. Pero a pesar de ellos hay casos, como el de Telmo Varela y Miguel Nicolás (pendientes de juicio, fijado para el próximo 5 de febrero), que la Guardia Civil engloba en la marca Resistencia Galega, o la vaga acusación contra Xulio Saiáns y Silvia Casal, ésta en libertad sin cargos y él en libertad provisional, por comandar “el aparato de financiación” de la organización.

Según indica David Soto, miembro del Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades Esculca y pasante en el bufete que defiende a varias de las personas detenidas, hay un desproporcionado hostigamiento a las personas que los mass media vienen a denominar “militantes del entorno del independentismo radical más violento”. En ese contexto, Soto destaca el sometimiento de las personas presas al régimen FIES, incluso durante la prisión preventiva. Además, estas personas están siendo dispersadas por cárceles a lo largo y ancho de la geografía española, a pesar de la falta de pruebas determinantes en muchos de los casos, la escasa potencia de los artefactos que causaron los daños que se les imputa, el hecho de que tengan trabajo fijo o estén matriculados en centros educativos, etc.

Desde los movimientos sociales gallegos, más allá del debate sobre lo acertado o no de determinadas prácticas de lucha, se analiza este proceso de criminalización como un ataque directo, no sólo al entorno independentista en su conjunto, sino a innumerables colectivos, espacios, redes y luchas sociales en los que han sabido imbricarse. Con todo, afirma Antón Gómez-Reino, activista social, es necesario pensar que el consenso sobre el rechazo a las detenciones y la solidaridad consiguiente nace, más que de la dimensión política de las acciones atribuidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la dimensión social de las personas detenidas, de su militancia cotidiana.

 

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