Diario libertario de lugo e galaxia

Los incendios de este verano arrasan Galiza

23/09/2013
16:14

  Altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos fríos del “nordés”[del norte]. Un año más la fatídica tripleta provoca en Galiza un ambiente casi apocalíptico. Según datos ofrecidos por el presidente Alberto Núñez Feijóo, entre el 1 de enero y el 28 de agosto, en la comunidad se habían producido 1.906 incendios y se han arrasado 7.903 hectáreas. Y aunque sabido es que septiembre es tradicionalmente un mes de incendios, el jefe del Ejecutivo gallego afirmaba: “La campaña de fuegos es extraordinariamente positiva”. De hecho, datos adelantados por la Xunta a 9 de septiembre ya hablaban de más de 11.000 hectáreas.

A esos cientos de incendios forestales y hectáreas arrasadas hay que añadir cientos de vecinos desalojados, un aire irrespirable en gran parte de Galiza, brigadas de extinción exhaustas e impotentes, vidas en peligro y lío político, mucho lío político. Independientemente de quién esté en el Gobierno, los incendios siempre provocan cruces de acusaciones coyunturales entre los partidos políticos que nada resuelven. Pero para la oposición la cuestión está clara: el Partido Popular ha gobernado casi 27 de los 32 años de Autonomía y, por tanto, es el máximo responsable de su desastrosa “ordenación” territorial. Además tres son, justamente, las décadas que dura ya esta catástrofe, casi endémica en Galiza.

El éxodo masivo de la población rural a las ciudades, a partir de los 60, favorece el abandono de los montes
O Barbanza, O Rosal, O Condado-A Paradanta, Terras de Monterrei, O Bolo, A Ribeira Sacra, Os Ancares... Ninguna zona de Galiza parece estar a salvo, aunque son las provincias del Sur las más castigadas. Tan sólo en Oia (Pontevedra) un incendio a finales de agosto arrasó 2.000 hectáreas y obligó a desalojar a unos 200 vecinos. Otras 2.200 hectáreas ardieron en Cualedro (Ourense), y en la península de O Barbanza, especialmente en los municipios de Ribeira, Boiro y Lousame, ya se acercan al millar las hectáreas quemadas. A esto hay que añadir otros incendios especialmente dolorosos para el imaginario ciudadano, como el de Navia de Suarna (Lugo), que ha afectado a cientos de hectáreas de la Reserva de la Biosfera en Os Ancares o en Chandrexa de Queixa (Ourense), que ha quemado un espacio de gran valor ecológico de la Red Natura 2000.

Información de los incendios

La mayor parte de los medios corporativos transmiten, sin más análisis, el discurso oficial, algo así como que el monte arde porque en Galiza hay más pirómanos que árboles por metro cuadrado. El mensaje cala en la opinión pública. “Es como si el Ministro de Interior le echase la culpa del aumento de la delincuencia únicamente a que hay muchos delincuentes”, declaraba irónicamente Antón Sánchez, diputado de Alternativa Galega de Esquerda, hace pocos días.

Pero sin negar el carácter intencionado de muchos fuegos –estudios universitarios hablan de hasta un 80 por ciento de intencionalidad, aunque se desconoce la motivación de un 60 por ciento– en esta suerte de plaga bíblica que asola el país existen causas netamente estructurales. Los cambios producidos en el uso y ocupación de la tierra por el masivo abandono inducido en el medio rural, una gestión forestal que busca el mayor beneficio posible a corto plazo con la brutal plantación de especies pirófitas y enemigas de la biodiversidad como el eucalipto, e incluso el llamado “negocio del fuego” están, según todos los expertos, en el origen de los incendios.

Especialmente polémica ha sido este año la configuración de los servicios de prevención –que los recortes han dejado casi sin presupuesto– y de extinción.  La vuelta de las brigadas municipales, que se habían descartado en 2006, ha sido criticada por ser utilizadas clientelarmente por muchos alcaldes. Según Apropiga, que agrupa a los profesionales del servicio público de prevención y extinción (Spdcif) hay, además, “brigadas incompletas y poco profesionales, recortes, desorganización, condiciones laborales precarias, improvisación y mentiras sobre la situación que la Consellería de Medio Rural cuenta a la opinión pública”.

El hecho de que existan hasta 11 entes públicos y privados –Xunta, Tragsa, UME, Seaga, Naturtecnia, Protección Civil, Inaer, 112, brigadas municipales…–, implicados directamente en las labores de prevención y extinción, también provoca no pocas acusaciones sobre la existencia de una “economía del fuego”. Y es que hacer despegar un hidroavión cuesta unos 3.000 euros, a lo que hay que añadir que cobran por cada minuto en el aire y por tener la base en determinada zona.

Un medio rural desertizado

Pero en el fondo todo parece indicar que es el modelo de sociedad capitalista el que no se adapta ni de lejos a la estructura territorial, socioeconómica y cultural histórica del país de las gallegas y los gallegos. Con más del 50 por ciento de los núcleos de población del Estado, una estructura minifundista y la tercera parte de la superficie gestionada por Comunidades de Montes en Man Común, una figura derivada del derecho germánico que hace que los montes pertenezcan a los vecinos como comunidad, hasta el segundo tercio del siglo XX existía un sistema agrario tradicional que mantenía el equilibrio natural y que “incluía las áreas de monte como una parte más de la superficie agraria”, apunta el ingeniero técnico agrícola Óscar Antón Pérez.

El éxodo masivo de la población rural a las ciudades, que se produce a partir de 1960 y se agrava con la entrada en una Unión Europea que siempre ha apostado por la agroindustria en detrimento de la agroganadería atlántica tradicional, ha dejado una Galiza sin actividad agraria, con una superficie forestal exagerada, desordenada, inútil en muchos casos e imposible de gestionar. El rural gallego se parece cada día más a la radiografía de un desierto desde el punto de vista poblacional. La Comunidad alberga la mitad de los pueblos despoblados del Estado –más de 1.300–, siendo muy grave la situación de las provincias de Ourense y Lugo. La segunda lidera el ránking estatal con el 30 por ciento de los hogares deshabitados. Ourense un 27 por ciento. Como dice Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego, integrado en Vía Campesina, “hay que hacer una política de ordenación del territorio que evite el abandono. (…) La desaparición de escuelas rurales y en general de muchos servicios expulsan a la gente del campo y por tanto también provocan incendios”.

Sin gente que proteja el territorio la veda está abierta, incluso en forma de leyes y decretos, para la industria maderera de la celulosa, los cultivos energéticos, los proyectos de megaminería contaminante, las macropiscifactorías, la especulación urbanística, la privatización de los montes vecinales, la forestación de tierras agrarias que ya impulsara el franquismo y, en resumen, para el modelo territorial que el ultracapitalismo reserva a su periferia. Basta recordar que en los últimos treinta años más de 150 mil explotaciones han abandonado la actividad agraria en Galiza. Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega, lo tiene muy claro, “no se puede salir llorando porque Galiza arde y reclamando más dureza contra los pirómanos cuando en el Parlamento se aprueban leyes que permiten crear un marco para que los incendios sigan arrasando el país. Muchos fuegos se prendieron también en los despachos”.

Los movimientos gallegos cobran fuerza
 

Los movimientos sociales, ante la incompetencia administrativa en las últimas semanas, han tomado la iniciativa. El Comité en Defensa do Monte Galego ha reactivado una incipiente Asemblea Galega contra o Lume. Junto a la red Galiza Non Se Vende, Apropiga o la Plataforma en Defensa dun Servizo Público contra Incendios reúnen a casi toda la sociedad civil, desde los grupos ecologistas y las cooperativas de consumo hasta las organizaciones agrarias y los agentes de prevención y extinción, interesada en resolver 30 años de quemas masivas. Sus análisis coinciden. Hay que dar respuesta a la ineficacia y mentiras del Gobierno con la movilización. 

 

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