Diario libertario de lugo e galaxia

Interior sigue encerrando en los CIE y deportando a personas sin antecedentes a pesar de estar plenamente integradas

12/12/2012
01:23

 

 

La policía lo abordó en plena calle, cuando iba al zapatero; sus rasgos físicos lo hacían “sospechoso”. A. N. se identificó con su tarjeta sanitaria y con el carné de una biblioteca de la Generalitat Valenciana, y les explicó que vivía y estaba empadronado en Castellón, donde se dedicaba a la venta ambulante. Desde que llegó de Senegal en patera no sólo no había tenido ningún problema con la justicia sino que aprendió castellano e hizo buenas amistades entre los españoles. De nada sirvió. Fue detenido “por no tener papeles”, lo recluyeron en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, y poco después lo deportaron con destino incierto. La situación de A. N. no sólo es un ejemplo de vulneración de los derechos de las personas que son privadas de libertad por la simple falta administrativa de no disponer de permiso de residencia. Su detención y expulsión también demuestran que el Ministerio del Interior incumple sus propias disposiciones.

El pasado 30 de abril,el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona que no se deportarían a los extranjeros que, sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en España y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran “un domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en laeconomía sumergida”. Poco después su anunció se completó con la expedición de una circular en la que se prohibía a la policía establecer “cupos de identificación o detención de extranjeros” y las actuaciones “indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”, y además se determinaba la “improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros que, tras su identificación, se constate su estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio.

Sin embargo, las redadas racistas se siguen practicando y en los CIE continúan encerrados nuestros vecinos mientras sus familias aguardan a que el español decida su futuro. Desde que supuestamente entraron en vigor los nuevos criterios de Interior hemos conocido la situación de cinco personas encerradas en Zapadores, que no tienen antecedentes y reúnen los requisitos del arraigo social descritos por Interior. Los casos que logramos documentar representan sólo una pequeña parte del total, pues únicamente podemos visitar a un número reducido de internos e internas, por lo que creemos que actualmente hay muchas más personas recluidas que deberían ser puestas en libertad si Interior fuera coherente con sus criterios. Con toda seguridad, muchos otros que cumplían los requisitos fueron detenidos y expulsados, convirtiendo en papel mojado las afirmaciones del secretario de Estado y su circular.

En Zapadores hablamos con cinco inmigrantes africanos, que llevaban viviendo en España entre 3 y 7 años y trabajaban en el campo o en la venta ambulante. Como es lógico después de ese tiempo de residencia estable, todos ellos pudieron acreditar su identidad y un domicilio cuando la policía los detuvo en su barrio, en la puerta de la casa de un amigo o en medio de sus quehaceres cotidianos, como A. N. llevando a arreglar sus zapatos. Los agentes también comprobaron que no tenían antecedentes, pero igualmente los trasladaron al CIE. Tres fueron devueltos a Senegal y los otros dos creemos que también fueron deportados a su país de origen. En España dejaron hermanos, sobrinos, amigos y un proyecto de vida que compensaba las penalidades sufridas en el viaje -varios llegaron en patera- y el desgarro de verse obligados a abandonar el hogar.

Todas estas situaciones son pruebas evidentes de que el Ministerio del Interior no tiene voluntad de cumplir con los nuevos criterios de ingreso en los CIE anunciados en abril o de que se están cometiendo graves irregularidades por parte de los funcionarios que detienen, encierran y deportan a personas sin papeles, pero con demostrado arraigo social en el país al que se vieron obligados a emigrar. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos la clausura de todos los CIE del Estado español, pues su existencia supone una vulneración de los derechos de las personas migrantes, y reclamamos que Interior cumpla sus normas no recluyendo a quienes carezcan de antecedentes y tengan arraigo mientras gestiona el cierre definitivo de estos centros.

 

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