Diario libertario de lugo e galaxia

España criminaliza brutalmente el proyecto independentista en Galicia

28/09/2013
13:08

El pasado 13 de septiembre, la justicia española condenaba a cuatro militantes independentistas galegos a penas que suman un total de 54 años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional considera probada la existencia de un grupo armado en Galiza, “Resistência Galega”, yconsuma legalmente la criminalización del movimiento independentista en Galiza. Este juicio político, carente de las mínimas garantías procesales,determina las más duras penas sin haber podido demostrar acción violenta alguna y sin pruebas que los impliquen en la participación de un grupo armado.

Galiza es una nación ubicada en el noroeste de la península Ibérica, que se encuentra bajo el dominio de la monarquía española. Gobernada por la derecha española, sigue siendo hoy uno de los territorios más pobres y menos desarrollados del Estado: con  casi 2.800.000 habitantes, el 20 % se encuentra emigrado en la actualidad; de esa emigración que la pobreza impone, verdadera condena de los galegos desde el siglo XIX, el 16 % son jóvenes entre 18 y 30 años; además, cuenta con una tasa de desempleados del 23 %, de los cuales el 59 % son menores de 30 años.

Galiza padece históricamente la explotación económica de sus recursos –minería, agua, electricidad, pesca, ganadería y agricultura– por parte del Estado español y de la Unión Europea (UE). Sufre la opresión española desde el inicio del imperialismo colonial, a través de una permanente invasión lingüística y cultural, que pretende la destrucción de su identidad propia, su idioma y su cultura.

En la última década, las políticas neoliberales promovidas por la UE y aplicadas por los sucesivos gobiernos españoles, PP y PSOE, sumergen al país gallego en una situación económica decadente, a la que se suma el incremento de la ofensiva cultural.

La carencia de una soberanía política ha dado lugar a la organización popular en defensa de su identidad, territorio y recursos. Así, en Galiza se fundan sólo en los últimos diez años, más de 60 centros sociales; surgen cinco nuevas organizaciones políticas; más de 30 organizaciones juveniles, estudiantiles y ecologistas, y se crean ocho medios de comunicación. Todos de carácter soberanista. También se aprecia el crecimiento de movimientos anarquistas y anticapitalistas. Además, en los últimos años se han realizado numerosos actos de sabotaje contra sedes de partidos políticos, sedes bancarias, empresas de trabajo temporal, medios de comunicación y empresas de explotación de recursos naturales. Es evidente que algo sucede en Galiza.

Ante este panorama, desde 2005, los gobiernos español y europeo inician una campaña de criminalización contra el este movimientosocial en Galiza, perfectamente orquestada entre el Ministerio del Interior y los medios de comunicación. Combinando la crónica policial con la ficción literaria, los mercenarios de la información fabrican un supuesto grupo terrorista que «intenta subvertir el orden constitucional», según la última sentencia.A esta propaganda falaz le acompaña una desproporcionada represión policial que genera, en los últimos cuatro años, la detención de 20 activistas y el registro de domicilios y varios centros sociales.

Toda esta campaña desemboca en el juicio, de evidente carácter político, en la Audiencia Nacional, herencia directa del Tribunal de Orden Público franquista. Con el código penal más restrictivo de Europa, un tribunal con competencias excepcionales. 

Un juicio político con demasiadas irregularidades

Celebrado del 24 al 27 de junio de 2013 en la Audiencia Nacional en Madrid, la Fiscalía acusaba a cuatro militantes independentistas de pertenencia a banda armada. El procedimiento arranca en noviembre de 2011, con las primeras detenciones y registros. Los acusados padecen desde entonces la aplicación del régimen de incomunicación, y casi dos años de prisión preventiva en cárceles alejadas de su lugar de origen. Medidas excepcionales que impone un «régimen penitenciario especial», FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), un régimen ilegal que ampara la violencia continuada contra las personas presas y la vulneración de sus derechos fundamentales.

El magistrado Alfonso Guevara mostró

abiertamente, durante todo el juicio, una actitud autoritaria, interrumpiendo constantemente el discurso de los abogados, y llegó incluso a expulsar de la sala a los peritos citados por la defensa simplemente por cuestionar el informe policial. Además, negó a la defensa el legítimo derecho a interrogar a los testigos policiales, quienes sí dispusieron de todo el tiempo deseado para exponer su versión.

Los abogados de los encausados, así como diversas organizaciones de observación de derechos y libertades jurídicas, denuncian éstas y otras irregularidades como una«vulneración del principio de contradicción y el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial».

Los informes procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, únicos testimonios aportados por la Fiscalíaestán repletos de valoraciones que sólo apelan a la«experiencia policial» y citan obsesivamente a personas no encausadas, así como inciden en la acusación a organizaciones completamente legales integradas en el campo independentista y anticapitalista de Galiza.

En contraposición a la versión policial, todos los partidos representados en el Parlamento gallego, llamados como testigos de la defensa, negaron tanto la existencia de un grupo terrorista en Galiza, como un clima de alarma social. Su participación es una evidencia más del carácter político del juicio.

En su declaración, los militantes negaron su integración en una organización terrorista y afirmaron que «todos los cambios deben ser democráticos y populares». En cuanto a la conclusión, se declararon inocentes y denunciaron la violación de su legítimo derecho a la defensa.

Una condena ejemplar

Los cuatro acusados, así como sus abogados tuvieron noticia de la sentencia de 56 años de cárcel a través de los medios de comunicación; es decir: la Audiencia Nacional filtra la noticia a los medios antes de notificarla a la Defensa. El tribunal concede prácticamente la totalidad de las penas solicitadas por la Fiscalía, que pedía 64 años de prisión.

De esta manera, el tribunal condena a Maria Osorio y Antom Santos a 10 años de cárcel:«8 por participación en organización terrorista y 2, por falsificación de documento oficial». En los casos de Eduardo Vigo e Roberto Fialhega, Teto, la pena se eleva hasta 18 años, pues se le añade «tenencia de explosivos». Penas desorbitadas para quienes no han atentado contra la vida, la salud, o la integridad de las personas, por encima de delitos como el de asesinato con ensañamiento (de 15 a 20 años, art. 139 del Código Penal) o el de violación (de 6 a 12 años, art. 179 del CP). Hay que tener muy en cuenta que durante todo el juicio no se llega a demostrar la participación de los acusados en ninguno de los actos terroristas que atribuyen al supuesto movimiento armado.

Las sucesivas reformas del Código Penal español de los últimos años obligan a los acusados de terrorismo a cumplir íntegramente las penas, junto con 10 años más de libertad vigilada.

Reacción solidaria del movimiento popular

En menos de veinticuatro horas después de conocerse la sentencia, veinticinco colectivos y organizaciones nacionales presentaron en rueda de prensa un comunicado de urgencia para rechazar «la brutalidad represiva del Estado español» y mostrar su solidaridad con los presos políticos.

El Organismo Popular Anti-represivo CEIVAR, uno de los firmantes del comunicado, alerta de que esta condena abre la «cacería de militantes de todo tipo de organizaciones que hasta ahora operaban legalmente y que, a corto plazo, pueden ser etiquetadas como partes de un supuesto “organigrama terrorista”, ilegalizadas y perseguidas». De hecho, CEIVAR ha denunciado que ya son 21 personas las acusadas por la Audiencia Nacional de enaltecimiento del terrorismo, por mostrar fotos de los prisioneros en diferentes actos públicos, incluso antes de que ningún documento jurídico afirmase la existencia de un grupo terrorista.

Asimismo, se convocaron concentraciones y marchas en las siete principales ciudades de Galiza, que amanecieron con la presencia de numerosas pintadas y pancartas de solidaridad con los cuatro independentistas.

La resistencia galega

Este proceso judicial se enmarca dentro de las políticas europeas de represión, un ejemplo de cómo convertir en terrorismo la resistencia popular.  Galiza no es el único país dentro del Estado español, ni de la UE, que demanda su soberanía: Catalunya, Euskal Herria, Irlanda del Norte o Escocia avanzan hacia la independencia, después de años de lucha, armada y política, que resistió la ofensiva imperialista.

La resistencia en Galiza es una constante histórica. Último territorio en someter por el Imperio romano y primer reino independiente del Imperio, con siete siglos de soberanía y más de cinco de resistencia a la ofensiva española.

 

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